Condenan a los jefes de “La Oka” por vulneración de derechos fundamentales

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La lucha de la sección sindical de CNT en las tiendas de delicatesen “La Oka” sigue dando resultados. En una sentencia de 10 páginas, el juzgado social número 1 de Bilbao ha condenado a la empresa ATACO, propietaria de esta cadena, por vulnerar los derechos fundamentales de la plantilla. De esta manera, la patronal deberá indemnizar a una delegada de este sindicato que fue despedida, precisamente, por ejercer su actividad sindical.

Según ha destacado la organización anarcosindicalista, la empleada había sido despedida el 28 de junio de 2013 por motivos “disciplinarios”. “Los empresarios la acusaban de ‘desobedecer las instrucciones y órdenes encomendadas por sus superiores’, pero resulta que dos meses antes, nuestra compañera había sido designada como una de las portavoces de la asamblea de trabajadoras”, ha indicado CNT.

Las “casualidades” no terminan ahí. “El mismo día en que fue despedida –ha señalado el sindicato-, la trabajadora había enviado un burofax a la dirección de la compañía con una serie de reivindicaciones”. En mayo de 2014, el juzgado número 4 de Bilbao ya había decretado la nulidad del despido y la readmisión de la trabajadora, tal como posteriormente fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

En ese contexto, CNT presentó una denuncia por “vulneración del derecho sindical”, lo que ha derivado en esta condena contra ATACO SL. En dicha resolución, el juez actuante confirma el “claro menoscabo del empresario del derecho a la libertad sindical”, así como “el daño moral producido por el despido debido al stress emocional y humillación sufrida” por la afiliada a este sindicato. Por tales motivos, el juzgado ha condenado a la empresa al pago de una indemnización de 12 mil euros.

Cabe destacar que en el momento en que se produjeron estos hechos, ATACO SL era dirigida por Sonia Pérez Ezquerra, ex viceconsejera de Empleo del Gobierno Vasco durante el mandato de Patxi López. Como si esto fuera poco, el abogado de la empresa era José Manuel Salinero Feijoo, secretario general de Presidencia en ese mismo gobierno del Partido Socialista de Euskadi (PSE).

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